CHILE: Las cooperativas deben competir en igualdad de condiciones con las empresas de capital privado

El director regional de ACI-América, Manuel Mariño, señala que tanto en Chile como en otros países de la región es imperativo elaborar una ley que promueva y fortalezca el desarrollo cooperativo para mejorar la competitividad.

—¿Cuál es su percepción de las cooperativas chilenas respecto de otros países de la región? 

—Si bien existen cooperativas agropecuarias, de trabajo asociado, de vivienda, eléctricas, entre otras; sin duda, las que han crecido con más fuerza, son las del sector financiero, y entre ellas especialmente Coopeuch.

Este fenómeno es similar en muchos otros países de la región, donde también las cooperativas de ahorro y crédito han sido las de mayor desarrollo. En el caso de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia, el ámbito cooperativo agropecuario también ha tenido una evolución importante.

—¿Qué es lo que falta para que exista una mayor competencia a nivel doméstico?

—Al igual que en muchas otras naciones de Latinoamérica, debe haber una legislación cooperativa (Ley de Cooperativas) que promueva y favorezca el desarrollo y no le ponga obstáculos, para que la empresa pueda actuar en todo tipo de actividad empresarial. Esto no quiere decir que se le otorguen beneficios especiales, sino que pueda competir en igualdad de condiciones con la compañía tradicional de capital privado. 

Es en este sentido que el sector cooperativo tiene que trabajar intensamente para que existan políticas de Estado –y no del gobierno de turno– que impulsen el desarrollo del sector de la economía social.

—¿Cuáles son los desafíos que tiene la industria de las cooperativas en la región, y en Chile en particular?

—Además de darse a conocer, los desafíos a nivel regional y también en Chile son, entre otros, el acceso a capital; la movilización de los miembros, ya sea en cuanto a su participación activa en la cooperativa como en la colocación de recursos financieros; los métodos de comunicación e información; el aumento de la consciencia pública sobre qué son y qué hacen; hacer el tema cooperativo más relevante para los jóvenes y las mujeres; mejorar la gobernabilidad; fortalecer los liderazgos internos y, por supuesto, prever el marco jurídico que regula a estas instituciones.