René Arce Islas
El Sol de México
18 de septiembre de 2010
Las recurrentes crisis económicas que ha padecido México evidencian el agotamiento del modelo económico; aunado a ello, grandes grupos económicos dominan de manera monopólica ramas fundamentales de la producción, al amparo del Estado. Esta situación ha provocado, desde hace tiempo, una ofensiva polarización de la riqueza: por un lado, aproximadamente treinta familias concentran la mayor parte de la riqueza del país, y por el otro, México se ha convertido en una enorme fábrica de pobres, arrojados al desempleo, la informalidad, la migración, el narcotráfico, etcétera.
Ante esta situación, desde el Senado de la República hemos impulsado una iniciativa para crear la Ley General de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del séptimo párrafo del artículo 25 de la Constitución Política Mexicana, para regular lo referente al sector social de la economía.
La nueva ley no sólo busca el fortalecimiento del sector social de la economía, sino que propone las condiciones para impulsarlo como un nuevo motor del desarrollo del país, ya que en México, las últimas décadas han revelado las graves dificultades que muestran el sector privado y el sector público, ya sea por separado o en economía mixta, para generar crecimiento y desarrollo.
Ejemplos exitosos de la economía social y solidaria hay en todas partes del mundo. En la Unión Europea, los 25 países que la constituían en el 2005 lograron que existieran más de 240 mil cooperativas activas, que proporcionaban empleo directo a 4.7 millones de trabajadores y agrupaban a 143 millones de socios.
En Canadá, una de cada tres personas es miembro de una cooperativa; en la India más de 239 millones son miembros de cooperativas; en Alemania hay 20 millones de personas que son miembros de cooperativas, es decir, una de cada cuatro personas. En Japón, una de cada tres familias son miembros de cooperativas; en Estados Unidos cuatro de cada 10 personas son cooperativistas.
En el caso de Hispanoamérica es evidente la importancia del sector social; en Uruguay existen más de mil 200 cooperativas activas que aglutinan a más de 840 mil socios; en Honduras, el sector de la economía social participa en un 20 por ciento del PIB nacional, con un 11 por ciento en la generación del empleo y con el 25 por ciento de empleos en el sector agrícola; en Argentina hay más de 17 mil 900 sociedades cooperativas con 9.1 millones de miembros; en Brasil las cooperativas son responsables del 72 por ciento de la producción de trigo, el 43 por ciento de la soya, el 38 por ciento del algodón y el 21 por ciento del café; en España, los datos de 2007 reflejan que la economía social representa los intereses de más de 48 mil empresas, cuya facturación constituye el 10 por ciento del PIB, con sus más de 2 millones 350 mil empleos.
Esta es una de las razones por las que se propone la creación de la Ley General de la Economía Social y Solidaria. Pero también es importante destacar que con esta nueva reglamentación, se establecen mecanismos para facilitar la organización y expansión de la economía social y solidaria, así como para definir sus reglas de organización y consolidación. Delimita claramente qué sectores integran el sector social de la economía, su régimen democrático, participativo, solidario y autogestionario, y sus fines para contribuir al desarrollo socioeconómico de la nación, de la sociedad e integral del ser humano.
Asimismo, se propone conformar el Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria con personalidad jurídica y patrimonio propio, que defina e instrumente una política de desarrollo para el sector social de la economía. Igualmente se pretende promover la representación del sector en un Congreso Nacional y su funcionamiento operativo en un Consejo Nacional. Se reglamenta la asociación de los organismos así como su funcionamiento, definiendo derechos y obligaciones, y también se conforma el Registro Nacional de Organismos del Sector Social de la Economía. También se encuadran los mecanismos de financiamiento para los organismos del sector y la evaluación de su desempeño y resultados.
Quienes concebimos e impulsamos esta iniciativa de ley estamos convencidos de que, a través de la Economía Social y Solidaria, se podrá retomar el curso de la historia para reconstruir nuestra economía, porque a través de ella se priorizarán el empleo, la solidaridad y el bienestar de todos los mexicanos, pero principalmente de los que menos tienen.
El Sol de México
18 de septiembre de 2010
Las recurrentes crisis económicas que ha padecido México evidencian el agotamiento del modelo económico; aunado a ello, grandes grupos económicos dominan de manera monopólica ramas fundamentales de la producción, al amparo del Estado. Esta situación ha provocado, desde hace tiempo, una ofensiva polarización de la riqueza: por un lado, aproximadamente treinta familias concentran la mayor parte de la riqueza del país, y por el otro, México se ha convertido en una enorme fábrica de pobres, arrojados al desempleo, la informalidad, la migración, el narcotráfico, etcétera.
Ante esta situación, desde el Senado de la República hemos impulsado una iniciativa para crear la Ley General de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del séptimo párrafo del artículo 25 de la Constitución Política Mexicana, para regular lo referente al sector social de la economía.
La nueva ley no sólo busca el fortalecimiento del sector social de la economía, sino que propone las condiciones para impulsarlo como un nuevo motor del desarrollo del país, ya que en México, las últimas décadas han revelado las graves dificultades que muestran el sector privado y el sector público, ya sea por separado o en economía mixta, para generar crecimiento y desarrollo.
Ejemplos exitosos de la economía social y solidaria hay en todas partes del mundo. En la Unión Europea, los 25 países que la constituían en el 2005 lograron que existieran más de 240 mil cooperativas activas, que proporcionaban empleo directo a 4.7 millones de trabajadores y agrupaban a 143 millones de socios.
En Canadá, una de cada tres personas es miembro de una cooperativa; en la India más de 239 millones son miembros de cooperativas; en Alemania hay 20 millones de personas que son miembros de cooperativas, es decir, una de cada cuatro personas. En Japón, una de cada tres familias son miembros de cooperativas; en Estados Unidos cuatro de cada 10 personas son cooperativistas.
En el caso de Hispanoamérica es evidente la importancia del sector social; en Uruguay existen más de mil 200 cooperativas activas que aglutinan a más de 840 mil socios; en Honduras, el sector de la economía social participa en un 20 por ciento del PIB nacional, con un 11 por ciento en la generación del empleo y con el 25 por ciento de empleos en el sector agrícola; en Argentina hay más de 17 mil 900 sociedades cooperativas con 9.1 millones de miembros; en Brasil las cooperativas son responsables del 72 por ciento de la producción de trigo, el 43 por ciento de la soya, el 38 por ciento del algodón y el 21 por ciento del café; en España, los datos de 2007 reflejan que la economía social representa los intereses de más de 48 mil empresas, cuya facturación constituye el 10 por ciento del PIB, con sus más de 2 millones 350 mil empleos.
Esta es una de las razones por las que se propone la creación de la Ley General de la Economía Social y Solidaria. Pero también es importante destacar que con esta nueva reglamentación, se establecen mecanismos para facilitar la organización y expansión de la economía social y solidaria, así como para definir sus reglas de organización y consolidación. Delimita claramente qué sectores integran el sector social de la economía, su régimen democrático, participativo, solidario y autogestionario, y sus fines para contribuir al desarrollo socioeconómico de la nación, de la sociedad e integral del ser humano.
Asimismo, se propone conformar el Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria con personalidad jurídica y patrimonio propio, que defina e instrumente una política de desarrollo para el sector social de la economía. Igualmente se pretende promover la representación del sector en un Congreso Nacional y su funcionamiento operativo en un Consejo Nacional. Se reglamenta la asociación de los organismos así como su funcionamiento, definiendo derechos y obligaciones, y también se conforma el Registro Nacional de Organismos del Sector Social de la Economía. También se encuadran los mecanismos de financiamiento para los organismos del sector y la evaluación de su desempeño y resultados.
Quienes concebimos e impulsamos esta iniciativa de ley estamos convencidos de que, a través de la Economía Social y Solidaria, se podrá retomar el curso de la historia para reconstruir nuestra economía, porque a través de ella se priorizarán el empleo, la solidaridad y el bienestar de todos los mexicanos, pero principalmente de los que menos tienen.
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