A pesar de que las más de 600 cooperativas del país están obligadas desde abril pasado a endurecer los controles contra el lavado de dinero, pocas son las que han mostrado interés en cumplir esa norma. Ante eso, el Incoop ha abierto numerosos sumarios para conocer los motivos.
Hace tres meses entró a regir una nueva reglamentación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que obliga a las cooperativas a ejercer mayor vigilancia sobre operaciones extrañas de sus socios, pero hasta hoy no existe un acatamiento generalizado, según fuentes consultadas en el sector.
Incluso, a raíz de esta situación el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) ha iniciado una serie de sumarios contra numerosas entidades que no han ajustado su gestión a las nuevas medidas de prevención, dictadas en febrero pasado y que están en vigor desde abril.
A estas alturas, cada cooperativa ya debería tener designado un oficial de cumplimiento de las normas de Seprelad, pero la mayoría sigue sin nombrarlo o sin comunicar el nombramiento.
Datos facilitados por el Incoop señalan que otra etapa de este programa debe cumplirse en agosto próximo, que es clave, pues se refiere al inicio de los reportes directos de manera electrónica desde las cooperativas hacia la Secretaría de Prevención sobre los casos de operaciones sospechosas.
Para ello, cada cooperativa debe adecuar su sistema informático para enlazar con el programa de la Seprelad, denominado “rosweb”, que está preparado especialmente para evitar posibles filtraciones de la información en la transmisión de los informes.
Capacidad de alerta
La nueva plataforma tecnológica debe ser capaz además de efectuar un control automático, en línea, de los posibles casos de lavado de dinero, a fin de dar un alerta inmediata en el momento en que se está haciendo la operación sospechosa.
Como paso previo, las cooperativas deben tener bien identificados y documentados a sus socios en cuanto a sus actividades económicas, a su capacidad de generar ingresos, a fin de medir sus gastos y determinar su posibilidad de ahorro, explicaron fuentes técnicas del Incoop.
Las fuentes consultadas admitieron que hay preocupación en el sector debido al aparente poco interés de las cooperativas en ir adecuándose a estas nuevas reglamentaciones, lo que justamente se vio la semana pasada, cuando en un curso de adiestramiento en la lucha contra el lavado de dinero, realizado en la capital, apenas participaron representantes de 25 entidades de solidaridad.
Disposiciones puntuales
Semestralmente las cooperativas del tipo “A” y “B”, que cuentan con auditoría interna, deberán emitir un informe sobre “la razonabilidad de los sistemas de prevención, detección y reporte de las operaciones sospechosas, y entregarlo a la Seprelad y el Incoop a los 30 días posteriores al cierre de cada semestre.
Las del tipo “B” que no cuenten con auditoría interna harán esa tarea anualmente a través de la Junta de Vigilancia, al igual que aquellas entidades del tipo “C”.
Se aconseja especial atención a aquellos socios calificados con las siglas “PEPS” (Personas expuestas políticamente), que son “las personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el país o el extranjero, así como otras personas y compañías relacionadas con las mismas”.
Aunque no se realicen
Por ley, las instituciones están obligadas a hacer reportes de operaciones sospechosas a la Seprelad de cualquier hecho u operación, independientemente de que hayan sido efectuadas o no, o del monto de la operación, según figura en las advertencias hechas desde el Incoop. En situaciones normales, las disposiciones deben ser aplicadas a todas las transacciones de los socios en moneda nacional o extranjera que sean de US$ 10.000 o más.
Un reciente informe producido por el FMI destaca que la economía nacional sigue siendo vulnerable a las operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito.
Hace tres meses entró a regir una nueva reglamentación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que obliga a las cooperativas a ejercer mayor vigilancia sobre operaciones extrañas de sus socios, pero hasta hoy no existe un acatamiento generalizado, según fuentes consultadas en el sector.
Incluso, a raíz de esta situación el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) ha iniciado una serie de sumarios contra numerosas entidades que no han ajustado su gestión a las nuevas medidas de prevención, dictadas en febrero pasado y que están en vigor desde abril.
A estas alturas, cada cooperativa ya debería tener designado un oficial de cumplimiento de las normas de Seprelad, pero la mayoría sigue sin nombrarlo o sin comunicar el nombramiento.
Datos facilitados por el Incoop señalan que otra etapa de este programa debe cumplirse en agosto próximo, que es clave, pues se refiere al inicio de los reportes directos de manera electrónica desde las cooperativas hacia la Secretaría de Prevención sobre los casos de operaciones sospechosas.
Para ello, cada cooperativa debe adecuar su sistema informático para enlazar con el programa de la Seprelad, denominado “rosweb”, que está preparado especialmente para evitar posibles filtraciones de la información en la transmisión de los informes.
Capacidad de alerta
La nueva plataforma tecnológica debe ser capaz además de efectuar un control automático, en línea, de los posibles casos de lavado de dinero, a fin de dar un alerta inmediata en el momento en que se está haciendo la operación sospechosa.
Como paso previo, las cooperativas deben tener bien identificados y documentados a sus socios en cuanto a sus actividades económicas, a su capacidad de generar ingresos, a fin de medir sus gastos y determinar su posibilidad de ahorro, explicaron fuentes técnicas del Incoop.
Las fuentes consultadas admitieron que hay preocupación en el sector debido al aparente poco interés de las cooperativas en ir adecuándose a estas nuevas reglamentaciones, lo que justamente se vio la semana pasada, cuando en un curso de adiestramiento en la lucha contra el lavado de dinero, realizado en la capital, apenas participaron representantes de 25 entidades de solidaridad.
Disposiciones puntuales
Semestralmente las cooperativas del tipo “A” y “B”, que cuentan con auditoría interna, deberán emitir un informe sobre “la razonabilidad de los sistemas de prevención, detección y reporte de las operaciones sospechosas, y entregarlo a la Seprelad y el Incoop a los 30 días posteriores al cierre de cada semestre.
Las del tipo “B” que no cuenten con auditoría interna harán esa tarea anualmente a través de la Junta de Vigilancia, al igual que aquellas entidades del tipo “C”.
Se aconseja especial atención a aquellos socios calificados con las siglas “PEPS” (Personas expuestas políticamente), que son “las personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el país o el extranjero, así como otras personas y compañías relacionadas con las mismas”.
Aunque no se realicen
Por ley, las instituciones están obligadas a hacer reportes de operaciones sospechosas a la Seprelad de cualquier hecho u operación, independientemente de que hayan sido efectuadas o no, o del monto de la operación, según figura en las advertencias hechas desde el Incoop. En situaciones normales, las disposiciones deben ser aplicadas a todas las transacciones de los socios en moneda nacional o extranjera que sean de US$ 10.000 o más.
Un reciente informe producido por el FMI destaca que la economía nacional sigue siendo vulnerable a las operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito.
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